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Administracion y Representacion 4

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Lealtad y diligencia del administrador y representante de la sociedad. Dr. Jorge Omar Frega
Instituto de Derecho Comercial del Colegio de Abogados de Morón

PONENCIA: El administrador de la sociedad incumple con lo establecido por el art. 59 de la Ley 19.550 cuando utiliza su posición de tal para favorecerse, en perjuicio de la sociedad que administra cuando pretende la existencia de relación laboral con la misma.

I.- INTROITO
El administrador y representante debe cumplir con dos requisitos elementales al momento de juzgar su conducta, ellos son los deberes de lealtad y de diligencia. Esta última además tiene su particularidad expresada en la frase legal "de un buen hombre de negocios". Dentro de esos parámetros debe dirigir su accionar teniendo al desarrollo de las actividades necesarias para el cumplimiento del objeto social y normal funcionamiento de la sociedad.
Las referidas pautas fueron impuestas por el artículo 59 de la L.S. en forma genérica para todas las sociedades pero aparecen específicamente reflejadas en las normas de los artículos. 271 y 274 de la ley mencionada para los directores de las sociedades anónimas. Es justamente el artículo 274 el que establece la responsabilidad ilimitada y solidaria de esos funcionarios frente a la sociedad, los accionistas y a los terceros por mal desempeño del cargo.
La responsabilidad de lo directores de las sociedades anónimas ha sido objeto del conocido fallo de la Cámara de Nacional de Apelaciones en lo Comercial, con voto del Dr. Halperin donde se destaca la función primordial del director y que su delegación no exime del deber de control, en consecuencia la falta de esta configura el fundamento de su responsabilidad. Ello con base en lo establecido por el artículo 512 del Código Civil que expresa que la culpa consiste en la omisión de aquellas diligencias que exigiere la naturaleza de la obligación y que correspondiesen a las circunstancias de las personas, de tiempo y lugar.(1)

II.- LEALTAD Y DILIGENCIA:
Como expresaramos la ley exige al administrador una conducta regida por la lealtad y la diligencia del buen hombre de negocios.
La lealtad supone una actuación que supera el límite del mero cumplimiento estricto de la ley vigente. Se impone un deber de fidelidad, de buena fe, que respete la realidad y la igualdad entre y con los socios.
"La lealtad a la que la norma se refiere es la conducta honorable que los administradores y representantes deben a la sociedad y a los socios, lo que los constriñe a actuar en la gestión de los asuntos sociales a favor del interés social y no a favor de los intereses particulares de ellos mismos o de otros socios".
"Un administrador falta al deber de lealtad cuando, entre una alternativa que beneficia a la sociedad y otra que favorece sus propios intereses, opta por esta última, aún cuando con su conducta no se viole ninguna norma estatutaria". (2)
Ello significa que no sólo le es exigido al administrador o representante que cumpla con lo fijado por la ley y el estatuto social sino que además debe hacerlo observando fidelidad hacia la sociedad y los socios.
Por su parte el mentado artículo 59 impone una diligencia especial, la de aquel que pretende el uso del patrimonio para obtener una ganancia no necesariamente determinada. El concepto de "hombre de negocios" supone la idea de un riesgo, el propio de cualquier "empresa" o emprendimiento comercial. En consecuencia la medida de su diligencia será la que el tendría en la administración de su propio riesgo empresario, de su propio capital.

III.- RESPONSABILIDAD DE LOS ADMINISTRADORES Y REPRESENTANTES:
La ley ha sostenido una responsabilidad subjetiva o aquiliana, esto es basada en la culpa o dolo pero con las características antes apuntadas.
En efecto, como es conocido, la responsabilidad de los administradores no puede juzgarse objetiva. El no cumplimiento de los objetivos de la sociedad, su falta de "éxito" comercial no le puede ser siempre endilgado al administrador o representante. Caso contrario le serían imputables las consecuencias dañosas de no cumplir con las expectativas de ganancias que tenía los socios.
Mientras el administrador haya cumplido con los requisitos fundamentales de lealtad y diligencia con los alcances ya expuestos no existirá posibilidad de reproche jurídico alguno.
Ahora bien, y "contrario censu", la falta de cumplimiento de esos deberes hará directamente responsable al administrador en la medida del perjuicio efectivamente causado por su inconducta. Así se sigue de la aplicación del artículo 59 de la L.S. y el 512 del C.C.. Ello sin perjuicio, por supuesto, del régimen de extinción de la responsabilidad de los directores previsto para las sociedades por acciones conforme el artículo 275 y concordantes del la ley societaria.

IV.- EL ADMINISTRADOR Y REPRESENTANTE EN LA RELACION DE TRABAJO:
La administración o representación puede recaer en un socio o no socio en cualquiera de los tipos societarios.
Ello analizado desde el punto de vista del derecho laboral puede significar -conforme la doctrina imperante en ese fuero- que pueda tratarse eventualmente de un empleado directo o de un "socio empleado" de la sociedad.
Así, si se dan los requisitos de los artículos 22 y 25 de la Ley de Contrato de Trabajo, nos encontramos en el caso de un administrador no socio en la posibilidad cierta que dicha relación quede comprendida dentro del régimen laboral.
Por su parte se da una especial circunstancia en el supuesto del administrador que además resulta ser socio, en el se puede configurar el supuesto del artículo 27 de la citada ley. Ella impone la aplicación de la legislación laboral a aquellas personas que integrando la sociedad, prestan a ésta toda su actividad o parte principal de la misma en forma personal y habitual. Pero además exige "la sujeción a las instrucciones o directivas que se le impartan o pudieran impartírseles para el cumplimiento de tal actividad". Dado que son justamente los mismos administradores los que suelen dar las "instrucciones o directivas" este puede ser el más importante obstáculo para ser considerados trabajadores en relación de dependencia. Sin embargo los administradores suelen cumplir "instrucciones" de la sociedad en cumplimiento de requerimientos de otros órganos societarios, los mismos socios o el estatuto.
El cumplimiento eficiente de los establecido en el artículo 59 ya analizado y su jurisprudencia generan normalmente que el administrador deba actuar con "habitualidad" y en forma "personal".
Por su parte la presunción de existencia de contrato de trabajo del artículo 23 de la L.C.T. genera una casuística jurisprudencial que ha sostenido reiteradamente la existencia de una relación de empleo entre el administrador y la sociedad. Ello no significa que necesariamente nos encontremos frente a una relación laboral en toda designación de administración, pero puede, en las circunstancias apuntadas ser considerada tal.
Todo ello no es más ni menos que una consecuencia de la denominada profesionalización de la administración empresaria. La misma suele ser además mas compleja en las grandes empresas y menos en la pequeñas y medianas. Por su parte no puede dejar de merituarse la gran diferencia entre estas últimas y aquellas al analizar el mayor grado de participación personal y habitual que suelen tener los socios en las de menor envergadura.
En los supuestos de la existencia de una relación de trabajo entre el administrador y la sociedad, puede surgir un conflicto de intereses. La posición del primero puede ser utilizada para su beneficio y en perjuicio de la sociedad. Por falta de diligencia o por dolo el administrador puede ejecutar actos u omisiones que determinen una responsabilidad de la sociedad en los términos de la legislación laboral o previsional y que lo tengan como acreedor eventual a él mismo.
Así v.g. un director puede "preparar" un eventual reclamo contra la sociedad omitiendo la denuncia ante la autoridad administrativa laboral de su pretendido carácter de trabajador en relación de dependencia, para hacerlo valer posteriormente. Es claro que sin perjuicio del deber legal incumplido existe una falta de diligencia y principalmente de lealtad que le es exigida por la ley de sociedades.
En efecto, el administrador puede agravar la situación de la sociedad frente a sus dependientes al no cumplir con las obligaciones y cargas que impone la ley laboral. Pero si además lo hace para beneficiarse no hay dudas que omite el deber de lealtad.
Es por ello que entendemos que el administrador y representante deben responder por su falta de fidelidad frente a la sociedad en la medida que hayan hecho uso de su carácter de tal para hacer eventualmente mas gravosas las obligaciones de la sociedad frente a él mismo como dependiente.


(1) Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial Sala B, 30/10/70, "Flaiban S.A., JA, 10-1971-32.
(2) VANASCO, Carlos Augusto, Sociedades Comerciales, Ed. Astrea , Bs. As. , 2001, pag. 180.


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